El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, informó este jueves que el trabajo de fiscalización que esta cartera de Estado realizó de oficio al proceso de contratación de los 170 respiradores encontró irregularidades cometidas por la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico (AISEM), institución bajo tuición del Ministerio de Salud. La situación permitió alertar para que la Policía y el Ministerio Público coadyuven en las investigaciones.
Los abogados de la Dirección General de Lucha Contra la Corrupción trabajaron a diario en la fiscalización a los procesos de contratación desde el 07 de abril en el Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS); desde el 15 de abril, en la AISEM y desde el 03 de mayo en la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO); las dos primeras son instituciones descentralizadas del Ministerio de Salud y la última es una unidad bajo dependencia de dicha cartera de Estado.
La verificación a los procesos de contratación de la AISEM comenzó por instrucción del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, y el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, el 15 de abril de 2020, debido a que dicha entidad descentralizada del Ministerio de Salud estaba desarrollando procesos de contratación de manera directa.
“En fecha 14 de mayo de 2020, la Presidente del Estado, hace la recepción en el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de 170 respiradores provenientes de una empresa Española. Al día siguiente (15 de mayo), en las redes sociales se publican denuncias de supuesto sobre precio en dicha adquisición. Es así, que de oficio, desde la Dirección General de Lucha Contra la Corrupción, se procede a solicitar a los abogados de la Dirección que fiscalizan a las entidades del Ministerio de Salud, que informen a través de qué entidad fue realizado dicho proceso de contratación; es así, que en fecha 15 de mayo, la Dra. Teresa Murillo informa de manera verbal que sería la AISEM la entidad contratante con fondos de un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y que no se la habría convocado para participar en la fiscalización de dicho proceso”, indicó el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional.
Murillo solicitó a una de las funcionarias de la AISEM, coordinadora para el BID, que le facilite la información sobre ese proceso de contratación; sin embargo, se le manifestó que no se contaba con la documentación de dicho proceso, ya que se habría hecho la compra de manera directa y en coordinación con el Ministerio de Salud, por lo que recién el lunes 18 de mayo podía entregar alguna información.
Al conocer del hecho, el 18 de mayo, Murillo elevó un informe a la Dirección General de Lucha Contra la Corrupción y al Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, indicando que la AISEM en ningún momento la convocó para hacer seguimiento y fiscalización a los procesos de contratación y que se negaron a entregar documentación sobre el proceso de contratación.
Es así, que el mismo 18 de mayo de 2020, el Director General de Lucha Contra la Corrupción, en el marco de las competencias del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, solicita a la AISEM se le proporcione copia legalizada de absolutamente toda la documentación, contratos, cotizaciones y toda la información documental sobre el proceso de contratación de los 170 Ventiladores con financiamiento BID, en un plazo máximo de 48 horas.
“El 19 de mayo, se hicieron indagaciones a funcionarios de la AISEM para verificar lo sucedido respecto a la compra de los 170 ventiladores, llegando a identificar que el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, el abogado Fernando Valenzuela, desde el sábado 09 de mayo, habría estado coordinando con varios funcionarios de dicha entidad para efectos de apresurar las gestiones y llevar adelante dicho proceso de contratación, incluso, llegando a estar físicamente en la AISEM los días 11, 12 y 13 de mayo, coordinando de manera personal todo el proceso de adquisición de los respiradores”, informó el ministro Coimbra.
Acotó que se pudo identificar el despido en la AISEM del Director Jurídico y una abogada que observaron el proceso de contratación de los 170 ventiladores así como a la contratación de manera excepcional de un vuelo chárter para transportar los ventiladores desde España hasta Bolivia a pesar de que el contrato de suministro de los ventiladores consideraba que la empresa debía entregarlos en Aduana Santa Cruz.
El 19 de mayo, se aprehendió al abogado Fernando Valenzuela con apoyo de la Policía y la Fiscalía Departamental de La Paz a efectos de llevarse adelante las investigaciones por las irregularidades en la compra de los 170 ventiladores.