“Evo ordenó y ejecutó el peor fraude de la historia democrática”

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Carlos D. Mesa Gisbert
Comunidad Ciudadana
Arropado por una red internacional que lo justifica y apañado por el Gobierno de México que viola sin pudor alguno los límites de cualquier asilado que por definición no puede hacer ninguna declaración política, Morales ha vendido la falacia de que ha sido víctima de un golpe de Estado. Aún asumiendo que la declaración del comandante de las FFAA bolivianas de “sugerirle” que diera un paso al costado fue un grueso error (no es ocioso recordar que el Gral. Kalimán, había sido hasta ese día un fervoroso “militante del proceso de cambio”), cualquier observador objetivo sabe que la renuncia de Morales fue el producto de 21 días de ejemplar resistencia democrática, pacífica y masiva protagonizada por la mayoría de los bolivianos en defensa del voto y por la recuperación de una democracia capturada por un gobierno autoritario.
Parte de la comunidad internacional equivoca el análisis, apoyada en una base falsa de discusión. Esa premisa toma como referente el carácter de Morales como primer presidente indígena del país, lo valora como protagonista de un cambio histórico a favor de los discriminados y excluidos (los indígenas), destaca sus éxitos en la lucha contra la pobreza y en la exitosa gestión económica de su administración. Podría matizar y por supuesto cuestionar algunas de esas calificaciones, pero dada la crisis que Bolivia tiene que resolver, lo que cabe es decir que aquí no está en debate si Morales es indígena o blanco, si fue el mejor o el peor presidente de mi país, si sus logros políticos, económicos y sociales son extraordinarios o mediocres. Lo que está en juego es si se sometió a la Constitución y las leyes o si las violó, salvo que los valores constitucionales y democráticos tengan un significado diferente en Europa y los países más avanzados, que en los países “exóticos y excéntricos al occidente civilizado”.
Morales ha violado la Constitución (CPE) de manera sistemática:
A partir de su segundo mandato tomó el control absoluto de los cuatro poderes del Estado sin reparo alguno y con un espíritu centralista y autoritario manipuló elecciones, persiguió a través del Ministerio Público a sus enemigos políticos y vulneró mecanismos básicos de administración en su gestión, abriendo una esfera de corrupción aún no dimensionada en su tamaño.
La Constitución de Bolivia dice en su artículo 12, III: “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre si”; y en el 122: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Su tercer mandato presidencial (2015-2020) violó la CPE, pues su disposición transitoria primera establecía claramente que los periodos presidenciales anteriores a su promulgación (febrero de 2009) se contalizaban para el cumplimiento del artículo 168 que reza: “El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Para ello, forzó al Tribunal Constitucional (TC) bajo su control, a declarar que dado que el país había cambiado de nombre y se había “refundado”, no se debía considerar ningún periodo presidencial anterior.
El 21 de febrero de 2016 se realizó un referendo convocado por él mismo que consultaba a los bolivianos si estábamos de acuerdo en modificar el artículo 168 para permitir su reelección indefinida, la respuesta fue no. Pero, en 2017, apeló otra vez al TC que siguiendo los ejemplos de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, interpretó que el art. 23 establecía que se había violado el “derecho humano” de Morales de ser elegido indefinidamente.
En 2018 el Tribunal Supremo Electoral (TSE), brazo ejecutor del poder de Morales en todo lo referido a la administración electoral (después de la sustitución de la mayor parte de los magistrados que administraron el Referendo de 2016, hecha por la Asamblea Legislativa, cuyos dos tercios eran y son controlados por Morales), lo habilitó inconstitucionalmente a él y a su vicepresidente para participar en las elecciones presidenciales de 2019.
El 20 de octubre de 2019, Morales ordenó la ejecución de un fraude perpetrado por el TSE para evitar la realización de una segunda vuelta y proclamarlo como “ganador” de los comicios. Fraude que fue denunciado por la misión de Observación Electoral de la OEA en tres pasos: su informe in situ de 22 de octubre, su informe final de auditoria postelección (pedida expresamente por el Gobierno de Morales) de 10 de noviembre y las conclusiones de esa auditoria hechas ante el plenario de la Organización por su Secretario General, Luis Almagro, el 12 de noviembre cuando dijo: “Sí, hubo un golpe de Estado… lo encabezó el propio Evo Morales cuando se cometió el fraude electoral .

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