El director del Cedure, Fernando Prado, afirma que las particularidades y gran crecimiento poblacional que tiene la ciudadela Andrés Ibáñez, hacen necesario que se le otorgue más recursos económicos y más atribuciones. Considera que se debe trabajar en políticas públicas municipales para que la tierra no sea solamente un negocio para las empresas, sino un beneficio de fácil acceso a los que tienen menos recursos.
El nacimiento y conformación del Plan 3.000 tiene bastante peculiaridad, porque no se trata solo de una simple suma de barrios, sino que nace como una unidad relacionada con un trágico evento. Por ende es un asentamiento humano con historia y fecha de nacimiento. En ese sentido y al ser actualmente una ciudadela más grande que la mayoría de los municipios del país, se le debe mejorar la gestión descentralizada a través de la Subalcaldía para asignarle más recursos y competencias, así lo entiende el urbanista Fernando Prado Salmón, quien además añade que no se debe caer en un proceso de especulación de la tierra en el “boom” inmobiliario que está teniendo la zona.
Pero, Prado empieza desde el principio, valga la redundancia, explica que el nombre popular de Plan 3.000 proviene de una urbanización con 3.000 lotes que pretendía aprobar la Prefectura, proyecto totalmente paralizado hasta que llegó la riada de 1983, situación por la que la Alcaldía pide una cantidad de los lotes para que sean transferidos a los afectados. Así se hizo, pero fueron muchísimos menos que los 3.000, mientras que el resto fueron expropiaciones que se hicieron a privados, de manera descuidada e irregular, en muchos casos.
Es así que el urbanista sostiene que la parte antigua de la ciudadela fue un asentamiento ordenado y estructurado, debido a los planes que existían para la zona, sin embargo, los asentamientos posteriores, que fueron “loteamientos” irregulares, fue todo lo contrario.
También destaca el papel que hizo el alcalde de la época, el ya desaparecido arquitecto Sergio Antelo, quien junto a un equipo de profesionales realizaron una tarea “titánica”, toda vez que era los años de la hiperinflación y el municipio cruceño era uno de los más pobres.
En ese sentido, Prado considera que el crecimiento de un asentamiento humano como el Plan 3.000, no es solo un hecho cuantitativo, sino que se debe lograr que el distrito ofrezca una calidad de vida que sea igual o mejor al resto de la ciudad, para ello considera que:
Primero se debe mejorar la gestión descentralizada de la subalcaldia. Una ciudad de dos millones de habitantes, ya no se puede manejar desde la plaza 24 de Septiembre y menos desde la Quinta Municipal, es fundamental considerar al Plan 3.000 como mayor de edad y asignarle más recursos y competencias. Si el Gobierno municipal cruceño no quiere enfrentarse a un pedido de creación de un nuevo municipio, debe actuar con suficiente inteligencia, concediendo más autonomía.
En el tema de su crecimiento urbano, afirma que no se debe caer en el proceso de especulación de la tierra, que solo hace aumentar el costo de los terrenos para los más pobres, “quedando grandes extensiones de tierras que eran agrícolas como lotes de mentira, de engorde que en muchos años perjudicarán enormemente al distrito”. Por ello, manifiesta que se debe exigir al Gobierno municipal, políticas de tierra urbana menos especulativas y más sociales.
Por último, indica que el Plan 3.000 ya no es una zona periférica marginal, sino una verdadera ciudad, con su centro, sus barrios de clase media y sus barrios populares, además de sus élites económicas y sociales que deben de asumir su rol como tales, con el objetivo de cumplir con las responsabilidades hacia su distrito-ciudad.